<><> En el municipio de Corregidora, conurbado con la ciudad de Querétaro, existe una colonia popular llamada Ecológica Valle de Oro, fundada hace 16 años por los fraccionadores Manuel Estrada Méndez y Facundo Hernández García, mancuerna que, según los colonos, contó y cuentan con el pleno respaldo de Orlando Caballero Núñez, presidente estatal del PRD y fraccionador en grande de extensos terrenos ubicados en la misma zona del mencionado asentamiento. <><>
<><> A pesar del mucho tiempo transcurrido, Ecológica Valle de Oro sigue siendo “un asentamiento irregular” para las autoridades y, con ese pretexto, le niegan los servicios urbanos básicos como energía eléctrica, agua, drenaje, pavimento y otros similares. Sin embargo, los afectados afirman que los fraccionadores y el municipio acordaron en su momento que los primeros depositarían en la caja del Ayuntamiento 2 millones de pesos como garantía de su compromiso de introducir los servicios a la colonia, y que, en caso de no hacerlo, perderían ese dinero y el Ayuntamiento asumiría la responsabilidad de regularizarla y dotarla de tales servicios. | <><> | <><>  |
<><> Pero han pasado los años y los habitantes están como al principio: nadie los reconoce y nadie responde a sus legítimas y urgentes demandas; y no por culpa suya, pues han recurrido a todas las oficinas de gobierno, municipales y estatales, innumerables veces, y han agotado los argumentos y pruebas que demuestran que, ante la omisión de los fraccionadores, toca al alcalde cumplir su parte del compromiso. Todo ha sido inútil; sólo han encontrado indiferencia, oídos sordos, o, en el mejor de los casos, “capotazos” de políticos toreros que les han hecho promesas que nunca cumplen. Por estas ciertas y comprensibles razones, hubo necesidad de ensayar otro camino. Encabezados por José Manuel Correa Tinajero, un ciudadano de intachable vivir, desinteresado y pacífico a carta cabal, presidente de la asociación civil “Huertas del Cimatario”, los colonos acordaron buscar el respaldo del Movimiento Antorchista de Querétaro, que dirige el profesor Jerónimo Gurrola Grave, para que en su nombre y representación hiciera valer sus derechos. Fue así como, por fin, hace unos días, lograron hablar con el alcalde de Corregidora, Carmelo Mendieta Olvera, y arrancarle el compromiso de regularizar la colonia e introducir luego los servicios de rigor.
Pero sucedió que el día 21 de noviembre, a eso de las 13 horas, se presentaron intempestivamente en el domicilio del señor José Manuel Correa dos individuos de entre 25 y 30 años que, con el pretexto de que buscaban “un terreno para comprar”, lograron localizarlo. Cuando lo tuvieron delante, le espetaron sin más preámbulos el siguiente discurso (que reproduzco lo más fielmente que me es posible): mire, sólo venimos a aconsejarle que se calme, que viva tranquilo y no se meta en los problemas de gente malagradecida, que nunca reconoce los favores que recibe. En concreto, le recomendamos que no siga insistiendo ante el municipio para que regularice la colonia, porque este problema ya se ha politizado demasiado; de lo contrario, vamos a desaparecerlo, a usted o a su familia. Y añadieron un final muy sospechoso por el énfasis que le pusieron: este asunto no tiene nada que ver con el municipio ni con el gobierno del estado; son otras personas las que nos encargaron traerle este mensaje (la sabiduría popular, por cierto, suele decir en estos casos que aclaración no pedida es acusación manifiesta). Pues bien, ni el Movimiento Antorchista, ni el pacífico ciudadano tan brutalmente amenazado, ni los colonos de Ecológica Valle de Oro, tenemos el mínimo interés, ni prueba alguna bien fundada hasta hoy, para señalar a los responsables de tan ominoso como preocupante y condenable acto de intimidación. Sólo estamos seguros, eso sí, de que lo que se busca es frenar y hacer abortar la lucha de los colonos por conseguir la regularización y urbanización de su asentamiento; y de aquí se deduce, con toda seguridad, que tal propósito responde a los intereses sólo de tres de los actores en el caso: los dos fraccionadores que vendieron los lotes, su padrino del PRD y el presidente municipal de Corregidora. Esto no excluye, por supuesto, un contubernio de dos o de los tres posibles responsables señalados.
Ligar al gobierno del estado con los hechos, exigiría retorcer la lógica a tal grado que restaríamos fuerza y legitimidad a nuestra denuncia. Pero una cosa es indudable: el problema como tal sí es competencia del gobierno de Querétaro, y en particular, del secretario general de Gobierno, responsable por ley de la tranquilidad y seguridad interna de su estado. Y esto es así, porque resulta evidente que no estamos sólo ante un caso de abuso impune de dos poderosos fraccionadores y su padrino político en contra de humildes e indefensos colonos; sino también ante un síntoma más de la grave prostitución y desviación de la actividad política en favor de los métodos violentos y gangsteriles de las mafias del crimen, como ya lo preanunciaba el vil asesinato del alcalde de La Piedad, Michoacán. Y es claro que, de generalizarse esto a todo el país, llevaría a los mexicanos al desencanto total y al repudio indiscriminado de la clase política, lo que nos colocaría al borde de una tragedia nacional. Es por eso que solicito atentamente, tanto al gobernador de Querétaro como al H. Ayuntamiento de Corregidora, tomar cartas en el asunto para esclarecer los hechos, detener a los culpables, garantizar la vida de José Manuel Correa y resolver ya, de una vez por todas, la legítima demanda de los habitantes de Ecológica Valle de Oro. Así, y sólo así (en especial el alcalde de Corregidora), se pondrán a salvo de toda sospecha ambos niveles de gobierno y, de paso, contribuirán a oxigenar el tejido social para detener su proceso de putrefacción, que ya resuma pus por varios costados.
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