Maricela Serrano Hernández
Todavía en el último tramo de su gobierno, el presidente Felipe Calderón Hinojosa afianza su política de exclusión social, por un lado, y de privilegio a la estirpe a la que se debe y obedece, por otro.
Porque ningún acto protocolario como es el informe que cada año rinde el Ejecutivo Federal a la nación vía el Poder Legislativo, es tan concluyente como la realidad de abandono que la mayoría del pueblo vive y sufre todos los días, tema sobre el que rondan las discusiones de gobiernistas y opositores y que de manera incontrovertible caracteriza el rumbo de la vida nacional.
En este juego de vencidas en el que la administración federal busca ocultar lo inocultable (más de 80 millones de pobres), la gran perdedora es la población menesterosa, orillada a la indigencia por el manejo injusto que hace el Ejecutivo Federal de los bienes que la Federación le otorga a los pobres por el camino presupuestal, en búsqueda de una anhelada sumisión político-electorera que se creía abandonada y que indiscutiblemente sólo ha cambiado de atuendo.
Los juicios que recaigan sobre el último año de la administración calderonista, a partir del análisis que se haga de su informe burocrático anual, de manera ineludible deben comprender los cinco años de su gobierno porque la tendencia ha sido la misma: mayor distanciamiento entre la opulencia y la miseria, mayor deuda social, más docilidad hacia los imperios económicos –de dentro y de fuera-, engrandecimiento de la corrupción, pérdida de identidad, educación en ruinas y fortalecimiento de la cultura del consumismo.
Quienes estamos empeñados en hacer frente a estas vergonzosas circunstancias a que ha sido llevada la vida nacional, y sin duda alguna asimismo los millones de familias privadas de los medios y oportunidades para sobrevivir en un país donde la vida es encarecida todos los días, afirmamos que el gobierno panista actual, como el recién pasado, ha fallado de cabo a rabo en la tarea constitucional de proteger a la nación.
La escasa visión y su obsesiva vocación por procurarle sin recato las utilidades de la riqueza nacional a su casta, le han impedido observar que a ese paso solamente alimenta al enemigo que lo hará –como históricamente lo ha hecho con otros de su talla- trastabillar, primero, y rendirse, después: la pobreza llevada al extremo.
Es incuestionable también que para Antorcha Campesina, la organización político-social a la que pertenezco y que no da su brazo a torcer en la lucha contra el egoísmo de los grupos de inspiración esclavista que acumulan la riqueza a costa de la ultrajante pobreza de una mayoría, es la lucha popular organizada, la que se da en las calles, en las colonias, en las ciudades, la que define el rumbo de la ambicionada justicia social. Dejarlo a la voluntad gubernamental resulta una batalla perdida, porque no hay gobierno panista, ni federal ni estatal o municipal, que la tenga.
El actual gobierno federal no deja lugar para la duda de que su vacilante paso político con nulo avance en lo social, tristemente ha agudizado la incomprensión y los desencuentros entre grupos, a veces salidos de la misma condición de penuria. Seguirle apostando a esta maniobra de confrontación solamente aumentará el saldo de la cuenta social pendiente. Tampoco puede rehuir a otra verdad injuriosa: aun en la desgracia en que ha hecho caer a sectores de población en su porfiada estrategia de choque sin cautela con la delincuencia organizada, ha puesto en
evidencia intentonas políticas para favorecer a su partido enuna nefasta mezcla con actos de ilegalidad que no por tenebrosos dejan de tener ingredientes de ingenuidad que después busca encubrir con abuso de poder. La sociedad regiomontana, que ni siquiera había terminado de enterrar a sus familiares brutalmente asesinados en un centro de apuestas, ha de reclamarle que tras las paredes de esa negociación con tufillo de ilegalidad, tal como se ha denunciado, se escondían operaciones políticas turbias y de protección política a panistas “notables”. A artimañas como esas temerariamente le ha apostado el gobierno calderonista, y a eso deberá responder ante el juicio de sus gobernados.
En otras oportunidades he dicho que este gobierno federal es caro, malo y sin rumbo. Y lo reitero.
No puede ser socialmente comprometido un gobierno que, hasta con cifras provenientes de las mismas instancias gubernamentales, se reconoce que, por ejemplo, en 2010 dilapidó 4 mil 558 millones de pesos en publicidad, mientras a comunidades consumidas por la miseria les niega 400 millones de pesos autorizados por el Congreso para abrir caminos que les permitan acudir a zonas urbanas donde puedan agenciarse ayuda y no morir abatidos por las enfermedades o la hambruna.
No puede ser bueno un gobierno negado a ver y a resolverles sus necesidades a los ejércitos de mexicanos desempleados que desperdician su juventud en tareas humillantes, resentidos y orillados a engrosar las filas de la delincuencia a la que, de manera paradójica, esa estructura gubernamental destina enormes cantidades del presupuesto que le quita a los programas sociales.
No puede ser eficiente ese gobierno que protege a la caterva de funcionarios venales que medran con la indigencia nacional, y que luego son ofertados como los salvadores de la patria por la ruta de la inseminación electoral.
La vocación gerencial del actual gobierno fatídicamente le ha fallado; sus caprichos se han impuesto a la claridad con que se supone debe manejar el presupuesto y las cuentas no le cuadran.
Lo peor para él es que el auditor principal, el pueblo, ya no se traga sus cuentos.
